La situación financiera de la Empresa Funeraria Municipal es más “complicada” de lo inicialmente previsto por los actuales responsables, cuando en el último trimestre del año pasado preparaban la formulación de los presupuestos de la compañía para el presente año.
En estos momentos, y sin que el estudio esté concluido, se sabe que esta empresa municipal, en el punto de mira últimamente de la fiscalía de Medio Ambiente tras la denuncia efectuada por el grupo municipal del PP por la quema de restos no humanos al aire libre, acumula una deuda con las entidades financieras que alcanza los 17 millones.
A esta situación hay que añadir el déficit correspondiente al ejercicio de 2007, que según los datos provisionales aportados por fuentes de la empresa se aproxima a 1,2 millones. Estas elevadas pérdidas contrastan con las obtenidas en ejercicios anteriores, que apenas alcanzaban varios miles de euros.
Ello se debía al “maquillaje” al que se sometían las cuentas con el fin de presentar un balance más saneado y con menos pérdidas. De esta forma no se consideraban como “incobrables” los casi 1,4 millones de las tarifas de mantenimiento del cementerio que los titulares de sepulturas y unidades de enterramiento adeudan a la empresa.
Con el fin de remontar esta situación, que los actuales responsables califican de “como mínimo preocupante”, se prevé encargar en los próximos meses un plan de viabilidad a medio y a corto plazo, en el que se tendrán que tener en cuenta, entre otras cuestiones, la adecuación de las tarifas a los costes del servicio.
Esta ya ha sido una cuestión que la actual presidenta, Begoña Sánchez, planteó en la aprobación del presupuesto de este año, con una propuesta de subida de tarifas de entre un 6% y un 20% dependiendo de los servicios.
Con estos incrementos, considerados “absolutamente necesarios” por los actuales responsables, se pretendía adecuar las tarifas a los costes del servicio, después de vario años sin haber subido ni siquiera el IPC.
Esta situación se correspondía con el mantenimiento de precios “políticos y electoralistas”, sin que la empresa, al contrario que otras como la EMT, obtuviera compensación alguna por parte del Ayuntamiento.
La situación se arrastra desde hace años, y se inició con la adquisición hace ahora una década por parte del Ayuntamiento del tanatorio de Bon Sosec. Esta operación, sustanciada en 1997 con la formalización de un contrato de leassing con la Banca March, supondrá durante el presente año unos gastos financieros de 127.683 euros.
Además, la gestión del tanatorio de Bon Sosec y el mantenimiento del resto del cementerio privado a cargo de la empresa municipal supone un millón de pérdidas anuales. Se prevé que durante 2008 esta cifra disminuya debido a que por primera vez se cobrará la tarifa de conservación a los titulares de las unidades de enterramiento del recinto privado.
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